Desgraciadamente, no es tarea difícil en la actualidad tener conocimiento de noticias relacionadas con la violación de los derechos humanos, tanto en ámbitos locales como autonómicos, nacionales o internacionales. Tampoco se puede excluir ninguna tipología de estas informaciones, aunque gozan de mayor eco y repercusión mediática las reseñas de vulneraciones vinculadas a Derechos Humanos de primera generación, la mayor parte de las ocasiones, en países del tercer mundo.
No quiero entrar a juzgar la intencionalidad de esta falta de rigor informativo de la mayor parte del elenco mediático, que parece querer desviar la atención hacia lugares lejanos en lugar de hacernos partícipes de las injusticias y atropellos que, diariamente, se cometen a nuestro lado, pero es indudable que esta falta de cobertura, afecta directamente a la percepción de tales problemas por parte de la opinión pública, influyendo negativamente en la demanda por parte de la sociedad civil de soluciones y, como resultado, no evita la perpetuación y proliferación de tales vulneraciones.
La misma incomprensible actitud se aprecia en las pocas ocasiones en las que se difunden informaciones de este tipo localizadas en nuestro entorno más inmediato; el enfoque informativo aplicado a este tipo de hechos, se centra en aspectos superficiales, puramente anecdóticos, evitando el análisis exhaustivo de la situación y omitiendo su valoración desde el punto de vista que aquí nos ocupa, el de los Derechos Humanos.
Una excepción a lo denunciado en los párrafos anteriores la constituye el siguiente titular, que encabeza una noticia publicada en la web de Europa Press, el 27 de abril de 2011: “España vulnera los derechos humanos a la vivienda y la salud mental al no reconocerlos como tales, según AI“. La vinculación de las problemáticas relacionadas con la vivienda y la salud en España con el ámbito de los Derechos Humanos dota a esta información de una especial importancia, que no pasa desapercibida.
La noticia se hace eco del contenido del informe “Derechos Humanos a la intemperie: La vivienda y la salud en España”, en el que sección española de la ONG Amnistía Internacional, utilizando ejemplos como los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana en Madrid, los del distrito de Sant Martí en Barcelona, ejecuciones hipotecarias o el exiguo ratio de profesionales de salud mental por habitante, denuncia algunas de las carencias que en materia de vivienda y de salud pública se producen actualmente en nuestro país, llegando a caracterizar las primeras como graves violaciones de los Derechos Humanos.
Transcurridos unos meses desde la publicación de dicho informe y dadas las perspectivas negativas auguradas por efecto de la profunda crisis en la que estamos inmersos, no es aventurado afirmar que ambas carencias, lejos de ser subsanadas, se acrecentarán, con todos los efectos colaterales que conllevan y que, como se expondrá a continuación, merced a la interrelación entre Derechos Humanos, implicará más posibilidades de vulneración de otros.
Es evidente que, además, esta coyuntura económica, no ayudará a la prevalencia de los derechos fundamentales, aunque se encuentren positivizados, sobre otros de segundo rango como ordenanzas municipales, legislaciones autonómicas o estatales y contribuirá además al respeto selectivo de los mismos, prevaleciendo los de vinculados a las libertades individuales, también denominados de primera generación, en detrimento de los de índoles económica, social y cultural (DESC), o de segunda generación.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DENUNCIADOS
Tal y como se ha reseñado en la introducción, las violaciones de derechos relacionados con la libertad y los derechos civiles, que protegen al ser humano de los abusos e injerencias del Estado en él ámbito privado, suelen tener un gran eco mediático. Esta cobertura, sumada a la deficiencia o ausencia de una educación en Derechos Humanos, propicia una sensibilización sesgada de la sociedad pasando desapercibidas para ella las vulneraciones que, como las denunciadas en este caso, están vinculadas al bienestar de las personas, dejando en evidencia el desentendimiento, la falta de voluntad y la ausencia de compromiso de los gobiernos en la erradicación de las desigualdades sociales, nexo común que hilvana los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (D.E.S.C.), o de segunda generación.
Es evidente que, los casos denunciados, están en primer término vinculados con la vulneración de los derechos recogida en el artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Se repasan a continuación las situaciones descritas atendiendo a la naturaleza del problema
Denuncias por carencias de vivienda digna
Resulta paradójico que, existiendo en España un stock de alrededor de 3.500.000 viviendas vacías, seamos testigos de los hechos documentados en el informe reseñado. España dispone de este excedente de vivienda merced a una legislación que ha amparado y fomentado la construcción con fines especulativos que, lejos de resultar una respuesta a una necesidad básica, perseguía únicamente fines de beneficio económico cortoplacista, y ha contribuido, otra paradoja más, a la agudización de la crisis financiera internacional en nuestro territorio.
Los casos relacionados con el problema de la vivienda detallados en el informe que nos ocupa, pueden hacernos pensar que estos problemas se circunscriben a la población inmigrante u otras minorías desfavorecidas; nada más lejos de la realidad. Producto de esta negligencia gubernamental es la extensión de las carencias de vivienda digna, secularmente asociadas a las capas económicamente más débiles de la sociedad, a las clases medias que, tradicionalmente, accedieron a la vivienda mediante propiedad, frente a la minoritaria opción del alquiler, siendo a su vez dichos inmuebles garantía hipotecaria de los préstamos bancarios concedidos para su adquisición.
El coctel formado por las políticas de gestión del suelo aplicadas desde mediados de los años noventa, añadidas a la relajación de los requisitos para la concesión del crédito, a la decreciente progresividad de los impuestos y a los bajos tipos de interés, impulsaron el desorbitado aumento de los precios de la vivienda, endeudando de forma insostenible a multitud de compradores y agotando el necesario crédito. La puntilla a esta situación la da la posterior subida de tipos de interés y el advenimiento de la crisis financiera mundial, originaron las altas tasas de paro –procedente en cantidades significativas del sector de la construcción, otra paradoja- , elevando las tasas de morosidad que hoy sacuden el sistema financiero y que, por extensión, afectan al estado de bienestar.
Una demostración palpable de las deficientes políticas de vivienda adoptadas en este país desde hace decenios lo podemos encontrar en la Cañada Real Galiana. La sempiterna dificultad de acceso a vivienda de las capas más desfavorecidas propicia que, desde hace 30 años, como solución extrema y ante la imposibilidad de disponer de una vivienda digna bien en régimen de propiedad o de alquiler, miles de familias se vean abocadas a invadir terrenos en desuso en una vía pecuaria, mientras las distintas administraciones admiten implícitamente los asentamientos recaudando diversos tributos e impuestos y permitiendo la llegada de ciertos servicios básicos. Es importante advertir que, atendiendo a los criterios de la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, la dignidad de parte de estas viviendas, queda en entredicho. Sospechosas recalificaciones, oportunos cambios legislativos y la presunta connivencia de las administraciones con las grandes constructoras (esta cañada cruza por el centro de Madrid y ninguna administración ha tenido la ocurrencia de cuestionar la ubicación de multitud de construcciones) , todo ello sumado a la creación de nuevos trazados urbanísticos en el entorno realizados sin ningún tipo de garantía y, lo que es más importante, sin ofrecer a los afectados ninguna alternativa adecuada de alojamiento.
Parecida actitud adoptan las autoridades catalanas en el distrito Sant Martí (Barcelona) con familias galaico-portuguesas a las que no sólo son incapaces de garantizar el derecho a una vivienda digna, sino que se implican en periódicas acciones de desalojo y derribo de las precarias construcciones que, con sus manos, son capaces de improvisar. Obvia decir que, de ninguna forma, los servicios sociales competentes tratan de atajar los sucesivos desalojos.
El caso del inmigrante ecuatoriano es, en cambio, un ejemplo de los problemas que sufren multitud de familias pertenecientes a la clase media asalariada de este país: el desahucio hipotecario. Tampoco de ofrecen soluciones por parte de la administración para solventar la pérdida del hogar familias.
Es curioso observar además, que estas tres situaciones tienen un origen similar –las negligentes políticas de vivienda aplicadas- e idénticas consecuencias –privación de una vivienda digna-, cuya gravedad se ve acrecentada por la presencia de menores entre los afectados. Asimismo, sumadas a la vulneración del Artículo 25 que en primer término ya se había comentado, se vislumbran otras conculcaciones que no hacen más que resaltar la interdependencia y complementariedad de los Derechos Humanos.
Mención aparte merecen los problemas derivados de la carencia de un albergue para transeúntes en la ciudad de Vigo. Si bien este tipo de centros no constituyen una solución definitiva y, únicamente, mitigan de un modo insuficiente y puntual la carencia de vivienda digna -conviene recordar el fallecimiento de tres indigentes en las calles de A Coruña en la última quincena de noviembre de 2011, ciudad que sí dispone de albergues al efecto-, la relajación de las administraciones es, a todas luces, censurable. Pese a que desde la fecha de publicación del informe se han apreciado movimientos por parte las autoridades, todavía no se han materializado en solución alguna.
No es aventurado predecir que la carencia de una vivienda digna, es un lastre que influirá negativamente en la realización de cualquier proyecto vital, lastrando el desarrollo personal y en resumen, reduciendo sobremanera la calidad de vida de los afectados y afectando a su dignidad, lo que contraviene el Articulo 22 de Declaración Universal de Derechos Humanos (D.U.D.H.):
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Inseparablemente ligado a las nefastas políticas sociales de vivienda, la coyuntura económica en general y el problema del paro en particular, con el inherente descenso o ausencia de ingresos, imposibilitan el afrontar deudas hipotecarias contraídas o abonos periódicos de alquiler de la vivienda, siendo las coberturas estatales de desempleo en muchos casos insuficientes o, incluso, inexistentes.
Por otra parte, la excesiva demanda de empleo fomenta el empleo en precario y el subempleo vinculado a la economía sumergida, lacra que suele cebarse, una vez más, en los sectores más desfavorecidos. Por lo tanto, se aprecian también incumplimientos asociados al Artículo 23 de la D.U.D.H.:
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”
“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”
Por otra parte, los poderes públicos deberían de mostrar mayor y especial sensibilidad hacia los menores afectados por este tipo de problemas. No podemos olvidarnos estos hechos van a marcar de una forma negativa su futuro y que se deberían de activar todos los recursos a nivel económico, social y educativo que contribuyan a evitar que estas experiencias resulten negativamente determinantes en su desarrollo vital, cuestión contemplada en el Artículo 25/2 de la D.U.D.H:
“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”
Recursos sanitarios insuficientes
Además de sumergirnos en los delicados problemas de salud mental desde el punto de vista del paciente, los hechos reflejados en el informe, aún siendo de naturaleza ajena a los tratados en el apartado anterior, tienen un origen común.
El caso analizado, no sólo cuestiona ciertos procedimientos habituales en el tratamiento de este tipo de patologías, además, deja al descubierto la insuficiente cobertura otorgada por la salud pública a la salud mental. Es de suponer que, los recortes presupuestarios realizados desde la publicación de estos datos, no habrán hecho más que acrecentar las carencias denunciadas, algo inasumible, ya que, tal y cómo indica la Asociación española de Neuropsiquiatría en su informe “Crisis económica y repercusión sobre la salud,” del 23 de noviembre de 2011, los problemas de salud se incrementan por efecto de la crisis:
Tal y como se ha reseñado en la introducción, las violaciones de derechos relacionados con la libertad y los derechos civiles, que protegen al ser humano de los abusos e injerencias del Estado en él ámbito privado, suelen tener un gran eco mediático. Esta cobertura, sumada a la deficiencia o ausencia de una educación en Derechos Humanos, propicia una sensibilización sesgada de la sociedad pasando desapercibidas para ella las vulneraciones que, como las denunciadas en este caso, están vinculadas al bienestar de las personas, dejando en evidencia el desentendimiento, la falta de voluntad y la ausencia de compromiso de los gobiernos en la erradicación de las desigualdades sociales, nexo común que hilvana los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (D.E.S.C.), o de segunda generación.
Es evidente que, los casos denunciados, están en primer término vinculados con la vulneración de los derechos recogida en el artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Se repasan a continuación las situaciones descritas atendiendo a la naturaleza del problema
Denuncias por carencias de vivienda digna
Resulta paradójico que, existiendo en España un stock de alrededor de 3.500.000 viviendas vacías, seamos testigos de los hechos documentados en el informe reseñado. España dispone de este excedente de vivienda merced a una legislación que ha amparado y fomentado la construcción con fines especulativos que, lejos de resultar una respuesta a una necesidad básica, perseguía únicamente fines de beneficio económico cortoplacista, y ha contribuido, otra paradoja más, a la agudización de la crisis financiera internacional en nuestro territorio.
Los casos relacionados con el problema de la vivienda detallados en el informe que nos ocupa, pueden hacernos pensar que estos problemas se circunscriben a la población inmigrante u otras minorías desfavorecidas; nada más lejos de la realidad. Producto de esta negligencia gubernamental es la extensión de las carencias de vivienda digna, secularmente asociadas a las capas económicamente más débiles de la sociedad, a las clases medias que, tradicionalmente, accedieron a la vivienda mediante propiedad, frente a la minoritaria opción del alquiler, siendo a su vez dichos inmuebles garantía hipotecaria de los préstamos bancarios concedidos para su adquisición.
El coctel formado por las políticas de gestión del suelo aplicadas desde mediados de los años noventa, añadidas a la relajación de los requisitos para la concesión del crédito, a la decreciente progresividad de los impuestos y a los bajos tipos de interés, impulsaron el desorbitado aumento de los precios de la vivienda, endeudando de forma insostenible a multitud de compradores y agotando el necesario crédito. La puntilla a esta situación la da la posterior subida de tipos de interés y el advenimiento de la crisis financiera mundial, originaron las altas tasas de paro –procedente en cantidades significativas del sector de la construcción, otra paradoja- , elevando las tasas de morosidad que hoy sacuden el sistema financiero y que, por extensión, afectan al estado de bienestar.
Una demostración palpable de las deficientes políticas de vivienda adoptadas en este país desde hace decenios lo podemos encontrar en la Cañada Real Galiana. La sempiterna dificultad de acceso a vivienda de las capas más desfavorecidas propicia que, desde hace 30 años, como solución extrema y ante la imposibilidad de disponer de una vivienda digna bien en régimen de propiedad o de alquiler, miles de familias se vean abocadas a invadir terrenos en desuso en una vía pecuaria, mientras las distintas administraciones admiten implícitamente los asentamientos recaudando diversos tributos e impuestos y permitiendo la llegada de ciertos servicios básicos. Es importante advertir que, atendiendo a los criterios de la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, la dignidad de parte de estas viviendas, queda en entredicho. Sospechosas recalificaciones, oportunos cambios legislativos y la presunta connivencia de las administraciones con las grandes constructoras (esta cañada cruza por el centro de Madrid y ninguna administración ha tenido la ocurrencia de cuestionar la ubicación de multitud de construcciones) , todo ello sumado a la creación de nuevos trazados urbanísticos en el entorno realizados sin ningún tipo de garantía y, lo que es más importante, sin ofrecer a los afectados ninguna alternativa adecuada de alojamiento.
Parecida actitud adoptan las autoridades catalanas en el distrito Sant Martí (Barcelona) con familias galaico-portuguesas a las que no sólo son incapaces de garantizar el derecho a una vivienda digna, sino que se implican en periódicas acciones de desalojo y derribo de las precarias construcciones que, con sus manos, son capaces de improvisar. Obvia decir que, de ninguna forma, los servicios sociales competentes tratan de atajar los sucesivos desalojos.
El caso del inmigrante ecuatoriano es, en cambio, un ejemplo de los problemas que sufren multitud de familias pertenecientes a la clase media asalariada de este país: el desahucio hipotecario. Tampoco de ofrecen soluciones por parte de la administración para solventar la pérdida del hogar familias.
Es curioso observar además, que estas tres situaciones tienen un origen similar –las negligentes políticas de vivienda aplicadas- e idénticas consecuencias –privación de una vivienda digna-, cuya gravedad se ve acrecentada por la presencia de menores entre los afectados. Asimismo, sumadas a la vulneración del Artículo 25 que en primer término ya se había comentado, se vislumbran otras conculcaciones que no hacen más que resaltar la interdependencia y complementariedad de los Derechos Humanos.
Mención aparte merecen los problemas derivados de la carencia de un albergue para transeúntes en la ciudad de Vigo. Si bien este tipo de centros no constituyen una solución definitiva y, únicamente, mitigan de un modo insuficiente y puntual la carencia de vivienda digna -conviene recordar el fallecimiento de tres indigentes en las calles de A Coruña en la última quincena de noviembre de 2011, ciudad que sí dispone de albergues al efecto-, la relajación de las administraciones es, a todas luces, censurable. Pese a que desde la fecha de publicación del informe se han apreciado movimientos por parte las autoridades, todavía no se han materializado en solución alguna.
No es aventurado predecir que la carencia de una vivienda digna, es un lastre que influirá negativamente en la realización de cualquier proyecto vital, lastrando el desarrollo personal y en resumen, reduciendo sobremanera la calidad de vida de los afectados y afectando a su dignidad, lo que contraviene el Articulo 22 de Declaración Universal de Derechos Humanos (D.U.D.H.):
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Inseparablemente ligado a las nefastas políticas sociales de vivienda, la coyuntura económica en general y el problema del paro en particular, con el inherente descenso o ausencia de ingresos, imposibilitan el afrontar deudas hipotecarias contraídas o abonos periódicos de alquiler de la vivienda, siendo las coberturas estatales de desempleo en muchos casos insuficientes o, incluso, inexistentes.
Por otra parte, la excesiva demanda de empleo fomenta el empleo en precario y el subempleo vinculado a la economía sumergida, lacra que suele cebarse, una vez más, en los sectores más desfavorecidos. Por lo tanto, se aprecian también incumplimientos asociados al Artículo 23 de la D.U.D.H.:
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”
“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”
Por otra parte, los poderes públicos deberían de mostrar mayor y especial sensibilidad hacia los menores afectados por este tipo de problemas. No podemos olvidarnos estos hechos van a marcar de una forma negativa su futuro y que se deberían de activar todos los recursos a nivel económico, social y educativo que contribuyan a evitar que estas experiencias resulten negativamente determinantes en su desarrollo vital, cuestión contemplada en el Artículo 25/2 de la D.U.D.H:
“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”
Recursos sanitarios insuficientes
Además de sumergirnos en los delicados problemas de salud mental desde el punto de vista del paciente, los hechos reflejados en el informe, aún siendo de naturaleza ajena a los tratados en el apartado anterior, tienen un origen común.
El caso analizado, no sólo cuestiona ciertos procedimientos habituales en el tratamiento de este tipo de patologías, además, deja al descubierto la insuficiente cobertura otorgada por la salud pública a la salud mental. Es de suponer que, los recortes presupuestarios realizados desde la publicación de estos datos, no habrán hecho más que acrecentar las carencias denunciadas, algo inasumible, ya que, tal y cómo indica la Asociación española de Neuropsiquiatría en su informe “Crisis económica y repercusión sobre la salud,” del 23 de noviembre de 2011, los problemas de salud se incrementan por efecto de la crisis:
“Sabemos por los estudios históricos sobre las crisis económicas que hay una relación directa entre éstas y la salud pública. Durante estos periodos se produce un incremento de la mayoría de las enfermedades, con especial relevancia de las enfermedades y problemas de salud mental y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de muerte (enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios)”
Poco más se puede decir acerca de estas observaciones procedentes de este prestigioso colectivo profesional, salvo recomendar la lectura completa del estudio referenciado y difundir las conclusiones del mismo:
- La crisis es un momento en que se produce un empeoramiento de los niveles de salud de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables, y por lo tanto una mayor necesidad de un servicio sanitario público universal y de calidad.
- Por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.
- Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y la ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.
Antes de continuar con el siguiente apartado, es importante advertir que, los las vulneraciones anteriormente citadas, se refieren a derechos positivizados en la Constitución Española:
Artículo 39
Artículo 43
Artículo 47
CONCLUSIÓN
¿Cómo se explica la inhibición gubernamental en la salvaguarda de estos derechos? ¿De qué forma se podría concienciar más a la sociedad acerca de estás situaciones? ¿Sería posible un mayor compromiso e implicación social capaz de evitar hechos como los denunciados?
Es inevitable para mí reivindicar el estilo de educación que el imprescindible Paulo Freire impartió y defendió afirmando que, si la sociedad tuviera un conocimiento adecuado de sus derechos y deberes cívico-constitucionales, y una sólida educación en y por los Derechos Humanos, dispondría de una base consistente en la que sustentar una conciencia crítica que le permitiría comprender su contexto social, económico y cultural, posibilitando así su transformación. No es éste el ámbito adecuado para disertar acerca de la concientización, ni de la educación bancaria y la invasión cultural, pero sí lo es para establecer un cierto paralelismo entre los oprimidos de Freire y las víctimas de las inhibiciones de las administraciones y medidas adoptadas por parte de los Estados, en este caso el español, para intentar paliar los efectos de la salvaje crisis que estamos sufriendo.
En el ámbito educativo formal, sería misión irrenunciable la revisión de todo proyecto e ideario educativo con el fin de establecer que los valores inherentes a los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier otro. Asimismo, sería necesario fomentar la transversalidad, impregnando todas las ramas curriculares de referencias prácticas relacionadas con los Derechos Humanos. Asimismo, además de la necesaria revisión y actualización del contenido curricular de las asignaturas de Ética y Educación para la Ciudadanía, estableciendo la obligatoriedad de la primera y extendiéndose adaptativamente también a la Educación Primaria. Tampoco se debería de obviar la necesaria dimensión práctica complementaria, fomentando actividades de voluntariado, difusión, reivindicación, etc., circunscritas sobre todo al entorno extraescolar.
Tal y como se ha expuesto en la introducción, en contadísimas ocasiones se difunden este tipo de noticias con vocación de denuncia, por lo que no se está aprovechando el potencial de los medios de comunicación como agentes educativos informales, algo compensable con la promoción de medios de comunicación alternativos basados en las nuevas tecnologías, lo que, a su vez, implicaría dedicar una especial atención y la consecuente asignación de recursos adicionales destinados a planes de alfabetización digital, dirigidos especialmente a los colectivos con más riesgo de exclusión. Cabe recordar que no sólo se englobarían aquí colectivos económicamente desfavorecidos y sería necesario tener en cuenta las necesidades específicas que en este aspecto podrían tener sectores como la tercera edad, adultos con baja cualificación o discapacitados. Es muy evidente el papel que la educación no formal toma en la consecución de este objetivo.
Sin embargo, pese a la adopción de este tipo de medidas, el mayor problema radica en lograr la adecuada interiorización de este tipo de valores. Paradójicamente, la consecución de este objetivo tiene una involuntaria colaboradora: la crisis. Los efectos devastadores con los que esta coyuntura económica está castigando a la sociedad (desempleo, carencias educativas, deficiencias en la atención sanitaria, etc.), se perciben en nuestro entorno más cercano o, incluso, se sufren en primera persona.
Una estrategia para lograr tal objetivo, podría apoyarse en plantear al educando la posibilidad, muchas veces no demasiado remota, de que la actual coyuntura económica, lo sitúen a él y a su entorno familiar en disposición de sufrir en primera persona la violación de sus derechos fundamentales (desahucio, denegación de ayudas económicas en situación de paro, pérdida de cobertura sanitaria, etc.) Así, aunque de forma simulada pero realista, se podría llegar más fácilmente a la deseada interiorización y, lo que todavía es más importante, a un compromiso de beligerancia positiva en la defensa de los Derechos Humanos.
Tengo la convicción de que la educación es la solución para la mayor parte de los problemas que nos afectan y que, por lo tanto, nuestra sociedad debería de poner el mayor de los empeños en disponer de un sistema educativo de altísima calidad que forme ciudadanos con una permanente conciencia crítica, que se desarrolle a lo largo de toda la vida, valorando cada vez más los escenarios no formal e informal como necesarios e insustituibles complementos de la educación formal y que, en la práctica, tenga carácter gratuito y universal y cuyo eje fundamental sean los Derechos Humanos.
Si esta situación ideal se alcanzase, no tengo la más mínima duda de que nuestra sociedad estaría sensibilizada con las vulneraciones aquí expuestas y, merced a la interiorización de valores, no las permitiría, bien respaldando las opciones políticas adecuadas o incluso, llegando a utilizar la desobediencia civil.
Es obvio que cada vez divergimos más de este objetivo. Los recortes al estado de bienestar practicados por una clase política sumisa con los poderosos mercados (la élite financiera europea, tal y como señala el profesor Navarro) e inflexible con la clases medias y bajas, nos dibujan un incierto futuro en el que se aventura una merma considerable de la calidad de vida de la gran mayoría de la población, mientras una pequeña minoría, en cambio, acumulará todavía más riqueza. Ante este panorama, las vulneraciones de Derechos Humanos, sin duda, se incrementarán y me atrevo a aventurar que únicamente la sociedad civil puede plantar cara a todas las injusticias y abusos que se avecinan, aunque aventuro que, los Derechos Humanos más afectados por estas restricciones serán los de índoles Económica, Social y Cultural.
Todas estas reflexiones sólo intentan, espero que con resultado satisfactorio, señalar la relación que la educación en el respeto a los Derechos Humanos y, por extensión, en el logro una sociedad más justa y respetuosa con todas las realidades culturales, algo que, únicamente, lograremos transformándola; pero para ello, habría que empezar por transformar nuestro concepto de educación. Estas relaciones entre educación, sociedad, política y poder, las describió de forma magistral Bertrand Russell:
"Casi toda educación tiene un móvil político: se propone fortalecer a algún grupo, nacional, religioso o social en la competencia con otros grupos. Es éste móvil el que principalmente determina qué materias se enseñan, qué conocimiento se ofrece y qué conocimiento se oculta, y que determina además qué hábitos mentales se espera que los pupilos cultiven.
Prácticamente nada se hace en función del desarrollo interior de la mente y del espíritu; en efecto, quienes han recibido más educación han sufrido a menudo una atrofia mental y espiritual"
Ya para finalizar, creo pertinente subrayar la vigencia de la alocución con la que Federico García Lorca inauguró la biblioteca de su pueblo, Fuente de Vaqueros (Granada), en septiembre de 1931.
Artículo 39
- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
- Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Artículo 43
- Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Artículo 47
- Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
CONCLUSIÓN
¿Cómo se explica la inhibición gubernamental en la salvaguarda de estos derechos? ¿De qué forma se podría concienciar más a la sociedad acerca de estás situaciones? ¿Sería posible un mayor compromiso e implicación social capaz de evitar hechos como los denunciados?
Es inevitable para mí reivindicar el estilo de educación que el imprescindible Paulo Freire impartió y defendió afirmando que, si la sociedad tuviera un conocimiento adecuado de sus derechos y deberes cívico-constitucionales, y una sólida educación en y por los Derechos Humanos, dispondría de una base consistente en la que sustentar una conciencia crítica que le permitiría comprender su contexto social, económico y cultural, posibilitando así su transformación. No es éste el ámbito adecuado para disertar acerca de la concientización, ni de la educación bancaria y la invasión cultural, pero sí lo es para establecer un cierto paralelismo entre los oprimidos de Freire y las víctimas de las inhibiciones de las administraciones y medidas adoptadas por parte de los Estados, en este caso el español, para intentar paliar los efectos de la salvaje crisis que estamos sufriendo.
En el ámbito educativo formal, sería misión irrenunciable la revisión de todo proyecto e ideario educativo con el fin de establecer que los valores inherentes a los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier otro. Asimismo, sería necesario fomentar la transversalidad, impregnando todas las ramas curriculares de referencias prácticas relacionadas con los Derechos Humanos. Asimismo, además de la necesaria revisión y actualización del contenido curricular de las asignaturas de Ética y Educación para la Ciudadanía, estableciendo la obligatoriedad de la primera y extendiéndose adaptativamente también a la Educación Primaria. Tampoco se debería de obviar la necesaria dimensión práctica complementaria, fomentando actividades de voluntariado, difusión, reivindicación, etc., circunscritas sobre todo al entorno extraescolar.
Tal y como se ha expuesto en la introducción, en contadísimas ocasiones se difunden este tipo de noticias con vocación de denuncia, por lo que no se está aprovechando el potencial de los medios de comunicación como agentes educativos informales, algo compensable con la promoción de medios de comunicación alternativos basados en las nuevas tecnologías, lo que, a su vez, implicaría dedicar una especial atención y la consecuente asignación de recursos adicionales destinados a planes de alfabetización digital, dirigidos especialmente a los colectivos con más riesgo de exclusión. Cabe recordar que no sólo se englobarían aquí colectivos económicamente desfavorecidos y sería necesario tener en cuenta las necesidades específicas que en este aspecto podrían tener sectores como la tercera edad, adultos con baja cualificación o discapacitados. Es muy evidente el papel que la educación no formal toma en la consecución de este objetivo.
Sin embargo, pese a la adopción de este tipo de medidas, el mayor problema radica en lograr la adecuada interiorización de este tipo de valores. Paradójicamente, la consecución de este objetivo tiene una involuntaria colaboradora: la crisis. Los efectos devastadores con los que esta coyuntura económica está castigando a la sociedad (desempleo, carencias educativas, deficiencias en la atención sanitaria, etc.), se perciben en nuestro entorno más cercano o, incluso, se sufren en primera persona.
Una estrategia para lograr tal objetivo, podría apoyarse en plantear al educando la posibilidad, muchas veces no demasiado remota, de que la actual coyuntura económica, lo sitúen a él y a su entorno familiar en disposición de sufrir en primera persona la violación de sus derechos fundamentales (desahucio, denegación de ayudas económicas en situación de paro, pérdida de cobertura sanitaria, etc.) Así, aunque de forma simulada pero realista, se podría llegar más fácilmente a la deseada interiorización y, lo que todavía es más importante, a un compromiso de beligerancia positiva en la defensa de los Derechos Humanos.
Tengo la convicción de que la educación es la solución para la mayor parte de los problemas que nos afectan y que, por lo tanto, nuestra sociedad debería de poner el mayor de los empeños en disponer de un sistema educativo de altísima calidad que forme ciudadanos con una permanente conciencia crítica, que se desarrolle a lo largo de toda la vida, valorando cada vez más los escenarios no formal e informal como necesarios e insustituibles complementos de la educación formal y que, en la práctica, tenga carácter gratuito y universal y cuyo eje fundamental sean los Derechos Humanos.
Si esta situación ideal se alcanzase, no tengo la más mínima duda de que nuestra sociedad estaría sensibilizada con las vulneraciones aquí expuestas y, merced a la interiorización de valores, no las permitiría, bien respaldando las opciones políticas adecuadas o incluso, llegando a utilizar la desobediencia civil.
Es obvio que cada vez divergimos más de este objetivo. Los recortes al estado de bienestar practicados por una clase política sumisa con los poderosos mercados (la élite financiera europea, tal y como señala el profesor Navarro) e inflexible con la clases medias y bajas, nos dibujan un incierto futuro en el que se aventura una merma considerable de la calidad de vida de la gran mayoría de la población, mientras una pequeña minoría, en cambio, acumulará todavía más riqueza. Ante este panorama, las vulneraciones de Derechos Humanos, sin duda, se incrementarán y me atrevo a aventurar que únicamente la sociedad civil puede plantar cara a todas las injusticias y abusos que se avecinan, aunque aventuro que, los Derechos Humanos más afectados por estas restricciones serán los de índoles Económica, Social y Cultural.
Todas estas reflexiones sólo intentan, espero que con resultado satisfactorio, señalar la relación que la educación en el respeto a los Derechos Humanos y, por extensión, en el logro una sociedad más justa y respetuosa con todas las realidades culturales, algo que, únicamente, lograremos transformándola; pero para ello, habría que empezar por transformar nuestro concepto de educación. Estas relaciones entre educación, sociedad, política y poder, las describió de forma magistral Bertrand Russell:
"Casi toda educación tiene un móvil político: se propone fortalecer a algún grupo, nacional, religioso o social en la competencia con otros grupos. Es éste móvil el que principalmente determina qué materias se enseñan, qué conocimiento se ofrece y qué conocimiento se oculta, y que determina además qué hábitos mentales se espera que los pupilos cultiven.
Prácticamente nada se hace en función del desarrollo interior de la mente y del espíritu; en efecto, quienes han recibido más educación han sufrido a menudo una atrofia mental y espiritual"
Ya para finalizar, creo pertinente subrayar la vigencia de la alocución con la que Federico García Lorca inauguró la biblioteca de su pueblo, Fuente de Vaqueros (Granada), en septiembre de 1931.
